Lunes y martes, Bolivia presentó sus alegatos con argumentos fuertemente emotivos para defender su aspiración marítima. Hoy es día de receso y jueves y viernes tocará el turno de Chile.
El experto argentino analizó que el enfoque del equipo chileno, apegado estrictamente a la ley, no necesariamente será el criterio que asuma el máximo tribunal al momento de resolver.
«El derecho internacional está alejándose cada vez más de la antigua mirada de la legalidad, apegaba a la letra. Ahora, se está buscando también la legitimidad», advirtió.
La Paz argumentó que Santiago ha faltado a su compromiso de negociar una salida soberana al mar, cualidad perdida tras la derrota en la Guerra del Pacífico en 1879 y que le significó prescindir de 440 kilómetros de costa a través de la provincia de Antofagasta, hoy de soberanía chilena según el Tratado de 1904.
Chile sostiene que «no tiene obligación alguna de negociar», y el nuevo canciller Roberto Ampuero desestimó los argumentos bolivianos, diciendo que solo constituyen una «referencia a la historia», pero que carecen de sustento legal. El agente chileno Claudio Grossman recordó que la Corte Internacional de Justicia es «una corte de derecho» y no un tribunal de historia ni de conciliación, por lo que anunció que los planteamientos apuntarán a desarmar lo que denominó «falsedades» y contradicciones expuestas por Bolivia. Al respecto, Lacoste recomendó que «abstenerse de opiniones tan taxativas, donde todos los políticos son unánimes y compiten por quien es más nacionalista, quien defiende mejor a Chile».
Explicó que desde la habitual mirada chilena (estrictamente legalista), la posición boliviana es percibida como más débil, ya que Santiago prefiere fortalecer el armazón jurídico a priorizar un discurso más anclado en la historia. «Sin embargo, estamos detectando un cambio, donde el derecho internacional está alejándose cada vez más de la antigua mirada, apegaba a la letra, de la legalidad. Ahora, también se busca la legitimidad», subrayó.
Ejemplificó con la esclavitud, «durante mucho tiempo era legal y los hacendados se defendían con que todas las leyes estaban a su favor, pero esa legalidad pasa a ser cuestionada desde el punto de vista de la legitimidad».
En ese sentido, indicó Lacoste, «no es meramente lo que está escrito en los tratados y las leyes. Y me parece que fue justamente esto lo que tuvo en cuenta la Corte de La Haya en el fallo con Perú».
Hace cuatro años, la Corte acogió la demanda por límites marítimos interpuesta por Lima desechando los argumentos chilenos amparados en que no había «temas pendientes» y que «todo quedó zanjado con el tratado de 1929». El académico subrayó que en el momento en que la Corte se confiere competencia para discernir sobre este tema queda claro que la demanda de Bolivia tiene muchos más fundamentos de los que La Moneda cree. Una opinión diferente tiene el historiador Cristián Garay, autor del libro Tratado de 1904. Negociaciones e intereses involucrados.
El académico, y también doctor en estudios americanos de la Universidad de Santiago, precisó que hay dos aspectos en la demanda de Bolivia. El primero, «visible», donde se solicita que Chile se allane a negociar una fórmula para discutir, única y exclusivamente, un acceso soberano al mar, y que dicho acceso esté garantizado, a priori, por la negociación. El segundo, «subyacente», tiene que ver con que La Paz busca que esta negociación se realice al margen del Tratado de 1904, dejando las tratativas en manos de un mediador, amparándose en lo que fueron las negociaciones de Charaña entre los dictadores Hugo Bánzer y Augusto Pinochet. Garay argumentó que ello no corresponde, ya que las misivas entre uno y otro jefe de estado no reemplazan ni son equivalentes a pactos como el de principios del siglo pasado.
Según el historiador, la demanda no tendría fundamento ya que, desde su perspectiva, lo que está exigiendo el país altiplánico es un cambio en el criterio jurídico para desechar, así, los términos del Tratado de 1904.